
El día jueves 31 de Marzo del 2016, a las 10h00 se llevó a cabo la Audiencia Preparatoria de Juicio en contra de tres procesados quienes presuntamente vendían terrenos ilegalmente en la parroquia Licán del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo; la misma que fue suspendida por la Jueza de la causa por cuanto el expediente remitido por la Fiscalía contiene 11 cuerpos que necesitan ser revisados de una manera prolija, para lo cual, el día viernes 01 de abril se resolvió dar paso a la audiencia de juzgamiento que se realizará en los próximos días.
La Fiscalía solicitó el Auto de Llamamiento a Juicio en contra de los tres procesados en calidad de autores.
Cabe recalcar que esta investigación inició a través de la línea telefónica 1-800 INVASIONES, por lo tanto, la STPAHI inició el proceso en la Fiscalía en contra de los actuales procesados que habrían cometido de manera presunta el delito tipificado como estafa vinculado al tráfico de tierras en el sector Macají de la parroquia Licán del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo.
El 09 de septiembre de 2015, funcionarios de la referida Secretaría Técnica realizaron una inspección al sector mencionado en líneas anteriores, de la cual se identificó la existencia de un asentamiento humano irregular y se determinó un presunto delito de tráfico de tierras, por lo cual se puso a conocimiento de la Fiscalía mediante una denuncia para que se procedan a realizar las investigaciones del caso.
Modus operandi
Los representantes de los moradores afectados señalaron sentirse perjudicadas por el presunto delito de tráfico de tierras y según sus versiones debían cancelar el 50% o más como valor de entrada, y el monto restante en cuotas mensuales con la entrega de escrituras de promesas de compra venta de los terrenos que habrían sido parcelados sin autorización de la autoridad competente; y que además, de acuerdo al Registro de la Propiedad no pertenecerían a quien suscribe como vendedor y dueño de los terrenos en cuestión.
Asimismo, los habitantes indicaron que uno de los sospechosos habría estado entregando documentos adulterados y falsos de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria (STRA), perteneciente al MAGAP, donde se adjudicaría a nombre de los supuestos compradores para cumplir con la promesa pactada al inicio del acuerdo, es decir la acreditación de ser propietarios de los terrenos, quienes afirman que al acercarse a la STRA se les informó que sus nombres no constan como adjudicatarios y poseedores de los lotes.