El alcalde de Riobamba está acorralado en varios frentes

El Comercio: Gabriela Quiroz

Serenos en la indignación, suaves en las formas y solemnes en el reclamo. Así los riobambeños llevan más de un año denunciando un rosario de presuntas irregularidades de la Alcaldía de Juan Salazar.

Su clamor por un cambio se escucha en parques, calles, casas, mientras comparten el tradicional cebiche de chochos en el mercado La Merced. Jóvenes y adultos se informan, a través de redes sociales.

El reciente desvío de USD 13,3 millones a cuentas de personas naturales y jurídicas llevó a sectores y movimientos de distintas ideologías a organizar la marcha de mañana, desde las 16:00. Piden que los 11 concejales oficialicen la destitución del Alcalde oriundo de Penipe, quien ha estado en el cargo desde el 31 de julio del 2009. La Corte Provincial de Justicia de Chimborazo lo detuvo junto con otros tres funcionarios y los acusó de presunto peculado, en medio de una audiencia matizada por reclamos en los exteriores y hasta una persona herida. De los USD 13,3 millones se lograron retener 10 millones y el resto se hizo 'humo'.

El caso, en primera instancia, recayó en el fiscal de Chimborazo, Carlos Cabrera, quien el 12 de este mes, dos días después de que Salazar denunciara un supuesto 'hackeo' de la cuenta municipal, abrió instrucción fiscal por delito de apropiación ilícita. Hasta el viernes pasado se detuvieron a cuatro personas, tres en Ambato y una en Santo Domingo, por recibir transferencias a sus cuentas y hay boletas de captura en contra de 32 individuos, también beneficiarios de fondos.

Una detenida, que pidió no ser identificada, cuenta que tres hombres la visitaron en su casa y la amenazaron. Le dijeron que su vida y la de sus hijos corría peligro si no entregaba el dinero que había sido transferido a su cuenta. Tuvo miedo y frente a la presión-añade- accedió a entregar una parte en efectivo y otra en cheques certificados. Al salir del banco fue capturada por la Policía. Recuerda que el personal del banco no le llamó a decir que tenía una transferencia inusual (más de USD 10 000) y que justificara su origen lícito. "Cuando fui al banco no sabía cuánto dinero era". La normativa de la Superintendencia de Bancos establece que es responsabilidad de la institución financiera monitorear todas las transacciones. Y las cuentas de clientes comerciales que acreditan terceros como canal de pago para adquirir bienes o servicios ameritan especial atención.

En el caso de los otros tres detenidos presentaron como justificativo un supuesto proyecto minero artesanal, que se iba a hacer en Morona Santiago, pero la Policía les aclaró que se trataban de fondos públicos, cuando los detuvo. Al haberse abierto el proceso bajo el concepto de apropiación indebida y no de peculado, por ser recursos públicos, no cabía el pedido de medidas en contra de funcionarios municipales, además el Alcalde goza de fuero de Corte. Así que de forma sorpresiva, la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, como instancia superior y con un informe de Contraloría en que se establecen indicios de responsabilidad penal, ordenó detenerlo junto con el tesorero, Mario Campos, Nely Oviedo, asesora, y Fanny Lazo, directora financiera. Estos cuatro más Germania Basantes, secretaria, y Olga Heredia, de Tesorería, conocían las claves y coordenadas para acceder al sistema de pagos, manejado por el Banco Central y son quienes sabían cuánto dinero disponible había y con un detalle adicional: el 51,7% del presupuesto del 2012 no fue ejecutado. Según el Central solo Salazar, Campos y Lazo, estaban autorizados para usar las claves y coordenadas, catalogadas únicas e intransferibles. Lazo y Basantes antes trabajaron en el Municipio de Penipe, cuando Salazar fue su alcalde. En este Cabildo también ocurrió un desvío de más de USD 600 000, caso que está en investigaciones.

Para el concejal Pablo Muñoz se violó la Ley, el acuerdo de confidencial con el Central y coincide con Marco Portalanzas, otro concejal, en que hubo negligencia y falta de control. Esto lo dijeron porque el 4 de este mes comenzaron las transferencias y recién el 10 se dieron cuenta por una llamada del Banco Pichincha. La directora financiera les explicó que su clave estaba deshabilitada desde fines del 2012, por lo que no revisaba las operaciones.

El tesorero, cuya clave se usó para las transferencias del 4, 5 y 8 pasados, reconoció que las transacciones se hacían en la computadora de Heredia. Esto llevó a que 9 concejales aprobaran el inicio de la remoción de Salazar, se destituyera a Lazo y se pida sumarios para el resto.

Quejas por las obras del Plan de Agua

Polvo, hundimientos en calles, fugas de agua, mantienen a los ciudadanos molestos. Una señora iba a dejar a su hija en el colegio y su carro se hundió en el camino, este es uno de los casos emblemáticos que circulan en sitios como Caos en Riobamba (Facebook). Esto se debe a las obras del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, que se realiza con un crédito de USD 30 millones del Banco del Estado, pero el 40% es donación del Gobierno. Este plan incluye el cambio de la red de tuberías y la instalación de acometidas con un medidor para cada casa (el beneficiario paga USD 162). Pero los concejales de la Comisión de Obras Públicas reconocen que la calidad de la obra no es la mejor. Los fiscalizadores no son de la ciudad, por lo que en los recorridos realizados se evidencia que no se cumplen especificaciones técnicas. Y con un agravante: está previsto que el plan incluya a la zona urbana actual y una proyección para 20 años, pero no se contempló los diseños de infraestructura para dar el servicio a actuales y futuras poblaciones que están fuera del sector de la Circunvalación.

El mismo gerente de la Empresa de Agua Potable (Emapar), ha dicho públicamente que solo se contempló el cambio del 65% de la tubería y no se tomó en cuenta que los colectores de la vía 9 de Octubre ya cumplieron su vida útil. Este plan se ejecuta paralelamente a la restauración de 22 km de la vía Circunvalación con hormigón, por parte del Ministerio de Obras Públicas, pero para hacerlo requieren de los diseños de infraestructura del servicio de agua que no hay. Frente a esto este Ministerio asumió la realización de los diseños y la Emapar deberá avalar. imagen Califique 1 2 3 4 5 (25 votos)

Una vía de uso público generó conflicto

El barrio El Batán, donde habita la mayoría de empleados de El Camal y ha sido de calles de tierra y terrenos baldíos empezó a adecentarse a raíz de la entrada de Juan Salazar al Cabildo. Ahí se encuentra una serie de lotes de su suegro y está su casa, cuya construcción es de 827 m².

Junto a esta vivienda existe un camino innominado, que fue declarado público, en 1979 por la Junta Militar de este entonces (Registro Oficial 799). Una protocalización de ese año ratificó esto y el Registrador de la Propiedad también lo confirmó.

El 10 de junio del 2009 el Municipio de Riobamba emitió una resolución, en la que se establece una subdivisión predial de la propiedad del suegro. Pero dos años más tarde mediante resolución administrativa se reformó esta resolución, en la cual se cambió la denominación de pasaje innominado por la de pasaje de uso privado. Y se colocaron puertas a los dos extremos de la calle.

Esto provocó la indignación de la ciudadanía, por lo que Salazar y su suegro se vieron obligados a quitar las puertas. Pero creen que el problema no está zanjado, porque el camino no tiene los 7,20 m, que exige la norma sino menos de 5 m.

La plaza Sucre fue restaurada sin técnicos

La rehabilitación del legendario Parque Antonio José de Sucre, anclado en el Centro Histórico de Riobamba, es una de las obras más cuestionadas por la ciudadanía.

La razón: este sitio está inventariado como patrimonio cultural de la nación, por lo que requería un tratamiento especial de restauración y remodelación. Su construcción terminó en 1923.

El informe final de la veeduría ciudadana concluyó que la intervención se inició sin contar con los estudios definitivos ni autorizaciones de la Comisión de Centro Histórico del Municipio, previo a la entrega de un informe técnico.

De los documentos analizados se observó que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultura (INPC-R3) emitió un informe con esta conclusión: "se viabilice lo solicitado". No hay claridad en la aprobación del anteproyecto y del proyecto definitivo. Tampoco dice que para realizar obras de restauración o reparación de bienes patrimoniales se necesita la autorización del director nacional del INPC (art. 32 de la Ley de Patrimonio Cultural). La obra, además, fue adjudicada al único oferente, el cual no ha presentado hasta hoy experiencia certificada en rehabilitación de plazas patrimoniales.

La intervención empezó el 7 de febrero del 2012 con cincel, combo, barra y tractor, el INPC solicitó la suspensión de los trabajos el 13 de ese mes. Iván Castro, director de esta entidad, ha reconocido públicamente que entró maquinaria pesada y se realizaron los trabajos en la noche. Se dieron de baja 8 de 44 bancas, esto significó que se afectaran los leones que están en las bases de estas sillas, por lo que se hicieron réplicas de cemento. Actualmente estas replicas se pueden ver en los exteriores de casas del centro.

El contratista, Fausto Leiva, ha explicado que los asientos cumplieron su vida útil y que se iban a poner bancas de piedra. El 5 de marzo del 2012 se reanudó la rehabilitación, pero nuevamente se pidió la interrupción el 19 de ese mismo mes.

Las constantes suspensiones provocaron que no se cumpliera el plazo de entrega de 120 días y el costo subiera USD 142 898, cuando el rubro inicial fue de 458 140. Los estudios recién fueron entregados el 17 de octubre y aprobados por el INPC el 29 de ese mes.

El abogado Henry Endara planteó una denuncia en contra del alcalde, Juan Salazar, y del síndico, Gonzalo Fray, el 15 de marzo del 2012 por la presunta destrucción de bienes patrimoniales. Este delito está estipulado en el art. 415, literales A y B del Código Penal y fija prisión de uno a tres años y la misma pena se aplicará al funcionario público que permita alteración, modificación o daño de los bienes patrimoniales. El caso lo tramita el fiscal Carlos Figueroa y ya está en 10 cuerpos. Pero Endara reclama que ya es un año de indagación previa y ya debería pasar a instrucción fiscal.

El asambleísta Marco Murillo también presentó una denuncia a la Fiscalía el 16 de marzo del año pasado y aún se espera definiciones. "Hubo incumplimientos del gobierno municipal y ni un solo técnico de restauración", enfatizó. Por otra parte, la Contraloría abrió un examen especial, que va desde el 1 de octubre del 2011 al 23 de abril del 2012, pero todavía no hay informe definitivo.

Debido a que las obras se realizaron hasta enero pasado, la veeduría solicitó la ampliación de la auditoría hasta el 1 de marzo de este año, a fin de que se evalúen la fiscalización, los valores planillados y cancelados, las especificaciones técnicas y normas aplicadas, en esta legendaria plaza.

Fuente: Diario El Comercio