Octubre Negro

Por:  Fredy Loza Gallegos
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
www.radio-mundial.com

Fabian Corral erudito jurisconsulto en su articulo publicado en el Diario El Comercio (14/10/2019) pág. 8, analiza la situación del Estado ecuatoriano después de las protestas sociales y pone el dedo en la llaga y sal en la herida, no es para menos los niveles de violencia vividos durante los 12 días de terror llaman a una reflexión profunda sobre los acontecimientos, donde queda al desnudo el comportamiento de una sociedad que explota en un descontrol cuando se parapeta en el anonimato de la muchedumbre cual Fuenteovejuna de los años 1600.

Octubre quedará grabado como un tiempo que obscureció los afanes de los ecuatorianos de vivir en democracia, recuperarnos económicamente y de restaurar las heridas de nuestro tejido social. Los indígenas fueron unos actores que protegidos en el derecho a la resistencia le han hecho un mal servicio al país y a la vida democrática, el dejarse utilizar como instrumentos de desestabilización de intereses que están identificados por todos no tiene justificación. Los dirigentes indígenas dicen que no fueron causantes de la violencia, pero todos sabemos que no fue una protesta pacífica; esto nos debe llevar a reflexionar sobre las consecuencias políticas sobre el derecho a la resistencia frente al estado de derecho.

El art. 98 de la Constitución en el párrafo inicial señalan de forma abierta, que se puede ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones y omisiones del poder público, de esta manera se consagro el resistir a los actos de la autoridad, en la práctica es un desacato autorizado. Además, señala el artículo que tiene alcance a las ACCIONES U OMISIONES DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, podría ocurrir que si algún vecino no le gusta su presencia en el barrio o condominio, le pueden expulsar de su hábitat acogiéndose al derecho a la resistencia, sin más criterio que el de los protestantes, criterio de vulneración que queda al libre albedrio de los demandantes incluso permite aducir que PODRÍAN (suposición) vulnerar el derechos de los que protestan, y sin mediar mas que la fuerza, conseguir sus objetivos como es lo que ocurrió con la protesta indígena que degeneró en actos de violencia y vandalismo. El hecho de oponerse a unas medidas económicas que cada vez se ratifican la razón,  y la necesidad de tomarlas para mejorar las distorsiones de la economía de la sociedad, esto incluye la difícil situación por la que atraviesan los grupos más vulnerables, convirtiendo la protesta en un suicido social que afectará más a los que protestaron. El derecho a la resistencia necesita por lo menos de una reglamentación que permita la convivencia social básica.