El Código Urbano como Política Pública

Por:  Fredy Loza Gallegos – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Riobamba
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Las Políticas Públicas son acciones de los diferentes gobiernos , que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, se pueden entender como un conjunto de estrategias que incluyen aspectos normativos, de gestión y recursos para aliviar los problemas de los ciudadanos.

Riobamba fue en la modernidad una de las primeras ciudades que contó con una herramienta de planificación de desarrollo urbano PDUR, contratada en el año 1988 (cuando no era de carácter obligatorio), lastimosamente por cálculos politicos esta herramienta entro en vigencia en forma parcial en el año 1998, por lo que no pudo ser aprovechada todas sus ventajas propuestas; pero permitió un desarrollo con criterio técnico urbanístico a la urbe, aunque la dinámica productiva y el tiempo supero a las expectativas de solución del PDUR. Pero el mayor enemigo para su adecuada aplicación fue la pesada estructura municipal que permitió corrupción por parte de los infaltables traficantes de tierra.

El Código Urbano que hoy se encuentra en vigencia debería solucionar los problemas actuales de la sociedad para permitir un entorno armonioso y adecuado en el crecimiento de los individuos, tanto el lo humano como en lo económico, el suelo es un recurso limitado indispensable que hay que proteger y debe responder a las necesidades holísticas de una sociedad. Parecería que esta política pública adolece de este criterio y responde más a una necesidad de cumplir con tiempos previstos por organismos gubernamentales, cálculos de tiempos políticos y por apetitos financieros que permitan al GAD continuar manteniendo una estructura obesa y pesada que ha caracterizado a los últimos gobiernos municipales. Una tramitología desconsiderada, un desordenamiento de las actividades productivas (se permite actividades productivas de forma discrecional y otras no constan), y un sistema sancionatorio desproporcionado. El aparecimiento de conceptos como el INDICIE CREADO es un equivalente al impuesto a la plusvalía; se estaría pretendiendo cobrar un impuesto al espacio aéreo, donde el municipio intervendría solo para aumentar sus ingresos.

El Sr. Alcalde ha ofrecido perfeccionar la normativa; es una lastima que primero se apruebe y después se dimensione sus implicaciones. Para evitar esto, la construcción de politicas públicas deben ser participativas; el costo de esta normativa es elevado, tanto por los resultados de una consultoría inoficiosa, como por la paralización que atraviesa el sector de la construcción y la no generación de empleo.