"No representan a nadie"
Por: Fredy Loza Gallegos –
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Riobamba
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Los gobernantes con características autoritarias descalifican a todo ciudadano que se opone a su conducta , y en el Ecuador del pasado, presente y esperemos que ya no en el futuro, se rechaza y minimiza a la protesta ciudadana se tenga o no razón para hacerlo. Las élites gobernantes no soportan ser cuestionados por sus actuaciones más aún si estas podrían encontrarse fuera de la normativa vigente.
Esta conducta política no se ha podido eliminar de la gestión gubernamental en el Ecuador, sea que los gobernantes procedan de la voluntad popular o de procesos provenientes de la ruptura del orden constituido. Así podemos percibir actuaciones de Flores, García Moreno, Alfaro, Veintimilla, Arroyo del Rio, Velasco Ibarra, Castro Jijón, Durán Arcentales, Febres Cordero, Buracam, Lucio Gutierrez, por poner lo más representativo de nuestra historia, descalificaron a los grupos sociales que se manifestaban en contra de sus acciones, o sea que este procedimiento no es exclusivo del presente y permite percibir que el pasado que tanto es criticado no se ha ido.
La Constitución actual permite realizar reclamos inclusive a un solo ciudadano si este se considera lesionado en sus derechos. El Art. 95 dice: "Las ciudadanas y ciudadanos, en forma INDIVIDUAL y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad."
Los gobernantes de cualquier jerarquía no pueden aducir que los ciudadanos no representan a nadie y que "ellos son muchos más" para justificar actuaciones que pueden estar reñidas con la constitución y que aparecen forjadas dentro del marco legal. El respeto a los ciudadanos es lo mínimo que se puede exigir a un mandatario que dice representar a toda una sociedad.