Por: Fredy Loza Gallegos –
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Riobamba
www.radio-mundial.com
La propuesta del Gobierno nacional de revisar el impuesto a la herencia tomó por sorpresa a la sociedad ecuatoriana
, no tanto por el monto de recaudación que representa este impuesto dentro del universo impositivo del país, sino por las razones para su modificación. El Estado asume un rol redistributivo de la riqueza que pretende cerrar las brechas de desigualdad con grupos empresariales de tipo familiar a los que el gobierno nacional considera RICOS. La evidencia es la carga de conceptos ideológicos que tiene el gobierno, dejando visible la intencionalidad de profundizar un modelo de Estado impositivo.
Los conceptos que se han manifestado para justificar esta propuesta, no se compadecen con el espíritu constitucional que establece una normativa que es para todos los ciudadanos, la constitución prohíbe legislar con dedicatoria (art. 300; principio de generalidad que se consagra en el derecho tributario). Que una persona sea RICO (adinerada) no debe ser motivo de persecución, la acumulación de la riqueza fruto del esfuerzo y trabajo no puede ser considerado un estigma, no se puede considerar que por tener riqueza este sea mal habido, toda persona es inocente hasta que se demuestro lo contrario, y la forma de demostrarlo es a través del sistema jurisdiccional. Si el gobierno considera fortunas mal constituidas, demuestre y castíguese a través de la normativa vigente.
El gobierno por tratar de corregir asimetrías que desea no existan, provoca desconcierto y zozobra en toda la sociedad, que busca, en el esfuerzo y trabajo por cuenta propia, una forma de mejorar su condición de vida, y garantizar el sustento del núcleo familiar, porque nadie se va llevando nada de este mundo, y en eso se le debe incluir al Estado.
