Justicia Laboral

Por:  Fredy Loza Gallegos – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Riobamba
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Esta semana fue aprobada por la Asamblea la ley llamada de JUSTICIA LABORAL . Esta ley polémica tiene tópicos que van a causar impacto en la economía y se reflejará en el deterioro de la producción y posteriormente en la calidad de vida de la sociedad, causando el efecto contrario a lo que cualquier administrador público quisiera para sus mandantes.

Se elimina el contrato a plazo fijo, el desahucio; el contrato individual se establece como "estable y permanente", desaparece el contrato a prueba, volviendo mucho más complicadas las relaciones entre empleadores y trabajadoras en desmedro de la administración de los negocios. Los contratos eventuales tienen consideraciones especiales ya que tienen un costo 35% superior al contrato común. El contrato por obra es una salida interesante, pero se queda en eso, porque la implicaciones de ese modelo acarrea la obligatoriedad de contratar siempre a los mismos trabajadores, que en caso de no hacerlo, el trabajador no "reenganchado" podrá reclamar despido intempestivo y así tener derecho a indemnizaciones sin formas de determinar, quedando el empleador a merced del criterio, siempre subjetivo de la autoridad laboral.

También existen nuevas disposiciones sobre las utilidades de los trabajadores, que tienen un tope máximo de 24 Salarios Básicos Unificados, y la diferencia se deberá entregar al IESS. También se establece nuevos criterios para determinar la participación de las obligaciones laborales de las empresas vinculadas. Además, se incluye la jubilación para las amas de de casa, y la eliminación del 40% de parte del estado para el fondo de pensiones, quedando este valor a libre albedrio del gobierno de turno. Con estas medidas al empleador privado se le vuelve "la vida a cuadritos" y es difícil promover la inversión productiva. Sin embargo, estas condiciones no existen para las EMPRESAS PUBLICAS, donde se puede despedir a los trabajadores, no cobran utilidades, no existe jubilación patronal, no negocian contratos colectivos, algunos impuestos son exonerados y otros le son restituidos, etc. lo que comúnmente es una flexibilización laboral, y ni por eso las Empresas Públicas son eficientes. Pero ese es el socialismo del siglo XXI  que el pueblo escogió hasta el año 2017.