Por: Fredy Loza Gallegos –
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Riobamba
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La sociedad ecuatoriana parece impávida ante los acontecimientos alrededor de un importante derecho ciudadano
que es el disponer de servicios públicos adecuados como lo establece la sección novena del capítulo tercero del Título II de la Constitución vigente y que también son parte del Régimen del Buen Vivir del mismo cuerpo jurídico. Me refiero en este caso al transporte de personas que en los últimos años son causantes de pérdidas de vidas humanas y materiales; las estadísticas son de verdadero terror, solo hasta octubre del 2014, según la ANT, tenemos 1.920 fallecidos, 22.868 personas lesionadas y 32.186 siniestros.
Parecería que algo no está funcionando bien en este servicio público, pero no, la percepción es que TODO está funcionando mal. Una ley orgánica vigente que en cuyos considerandos y objetivos no refiere y recoge el espíritu de la Constitución vigente y del Régimen del Buen Vivir. Prestadores de servicios INEFICIENTES en toda la magnitud de la palabra que privilegian el rendimiento económico de un modelo ineficiente que se basa en disponer de subvenciones, subsidios, privilegios, canonjías y todo lo que represente beneficiar a intereses personales con prácticas oligopólicas; instituciones de control que no logra aplicar la ley y que se diluye en criterios más de tipo legalistas que en garantizar un servicio público óptimo para la sociedad, cuyo entorno va aumentando en deméritos y no en beneficio para la sociedad, y como si fuera poco el gobierno central y los gobiernos locales enfrascados en discusiones de control político clientelar sobre la aplicación de competencias de gobierno en los territorios.
Ante esta situación la ciudadanía debe optar por acciones propositivas y buscar cómo aplicar la constitución vigente que señala: "Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas."
