Por: Fredy Loza Gallegos –
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Riobamba
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En esta semana un representante del sector empresarial de Guayaquil propuso al Gobierno establecer "una ley para la participación publico privada" que permita al sector privado realizar inversiones en varios sectores de la economía de manera que el gobierno tendría mayor disponibilidad de recursos para otras actividades, según manifestaba el proponente en la nota de prensa. La propuesta quiero pensar que tuvo la mejor de las intenciones pero realmente tuvo un impacto contrario a su finalidad; obteniendo una respuesta nada diplomática por parte del Presidente de la República.
Me parece que la propuesta se la planteó de manera inadecuada; el representante gremial no realizó la suficiente explicación para que pueda ser comprendida su intención por el gobierno, ese tipo de propuestas no deberían realizarse de esa manera, deben tener mayor sustento y esclarecimiento de los objetivos y alcances. De la noticia se podía percibir que la propuesta insinuaba establecer un marco jurídico para la inversión privada en sectores donde el gobierno nacional tiene competencias exclusivas, lo que se puede percibir como realizar una inversión con mercado asegurado por parte del gobierno. Podría percibirse como hacer "negociados" con personas que detentan el poder y de las cuales no son muy amigos entre si.
La participación PÚBLICO - PRIVADA en el sector de la produccion responde a una concertación o pacto entre actores de una sociedad para establecer niveles adecuados de competitividad sistémica, este proceso logra tener éxito cuando existe voluntad política por parte de los representantes del sector público y no pueden estar enmarcados en la rigidez de una ley porque responde a un acuerdo de voluntades en pro del territorio y no de intereses particulares.