Por: Fredy Loza Gallegos –
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Riobamba
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El jueves 17 de abril se produjo un hecho sin precedentes en la justicia local, se determino la culpabilidad de 30 personas en el bullado caso de la desaparición de alrededor 16 millones de las cuentas municipales de Riobamba
. Un año se demoraron las instituciones de control y justicia para comprobar el delito, el hecho no tiene precedentes pues es la primera vez que un alcalde de esta ciudad es condenado por un delito enmarcado en el peculado. Un proceso que ha seguido la ciudadanía con especial interés, principalmente por la percepción de desconfianza que tiene el ciudadano por la aplicación de la justicia. Tanto es así que se dicto el fallo cuando estaba a punto de cumplirse un año de la detención del principal implicado, corriendo el riesgo que pueda salir libre, lo que presagiaba que se podría quedar el caso en la impunidad.
El hecho permite abrigar esperanzas en los procesos de justicia para combatir los actos de corrupción que se dan en nuestra sociedad y que en la medida que se llegue a la determinación y condena del delito permitirán que los individuos involucrados en estos actos, se desalienten de cometer delitos.
Estas acciones no solo corresponden a los jueces, también a la Fiscalía y la Contraloría, instituciones con roles específicos en esta lucha pero que están concatenados. Si la Contraloría no determina culpabilidad no se puede iniciar un juicio de peculado. Por eso preocupa el informe final sobre el Ex Parque Industrial, que ante evidencias que se visibilizan en los documentos públicos del proceso de liquidación, donde podrían permitir beneficios para particulares de los bienes públicos; el examen de la Contraloría determina situaciones leves ante la magnitud de los delitos que se podrían configurar.
En esta lucha contra la impunidad no podemos conformarnos con llegar a un solo caso, están pendientes y con igual preocupación de la ciudadanía, el caso de la CALLE DEL BATAN, PARQUE SUCRE, PARQUE INDUSTRIAL, AGUA POTABLE. Debemos exigir a los organismos responsables redoblen esfuerzos y decisión política para que esa percepción de desconfianza de la ciudadanía se torne en respaldo a los actos que realizan las personas al frente de la justicia, quienes de lo contrario, podrían ser considerados como presumibles cómplices, porque los delitos son evidentes; que no puedan configurarlos para poderlos procesar permite dar rienda suelta a la imaginación popular.
