Sentenciados no podrían contratar con el Estado entre 10 y 25 años

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Sentenciados no podrían contratar con el Estado entre 10 y 25 años

Reformas en nueve artículos de la Constitución y de las normas penal, electoral y de servicio público se deberán aplicar para sancionar con la llamada “muerte civil o política” a toda persona condenada por actos de corrupción, de ganar el Sí en la pregunta 1 del referéndum y consulta popular del próximo 4 de febrero.

Varios analistas consideran necesarios estos cambios, pero otros hacen observaciones e incluso mencionan contradicciones en algunas leyes.

Una de las reformas es en el artículo 233 de la Constitución. Según Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadana y Desarrollo, al incluirse esta reforma se consagra por un largo tiempo la pérdida de derechos de participación determinados en el artículo 61 de la Constitución. Pero hay un principio penal (en la Constitución, en el Código Penal y en instrumentos internacionales de derechos humanos) que es el de la rehabilitación social de las personas sentenciadas. “La propuesta de esta pregunta anula por completo este principio y trae serias consecuencias en materia de derechos humanos”.

En el Código de la Democracia se plantea cambiar el numeral 2 del artículo 96. El jurista y extitular del extinto Tribunal Supremo Electoral Medardo Oleas dice que la finalidad es impedir “de por vida” que quien ocupó una función pública, ya sea por nombramiento o por elección, y que fue condenada por abusar de dinero del Estado, vuelva a candidatizarse.

Jorge Rodríguez, de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que con la reforma al artículo 10 de la Ley de Servicio Público que trata sobre las prohibiciones especiales para el desempeño de un cargo, función o dignidad pública, puede irse contra derechos ciudadanos, pero sí tendría efecto contra derechos políticos porque no podría desempeñar un cargo público por elección popular.

Sobre el Código Orgánico Integral Penal (COIP), Alarcón explica que al agregar el numeral 14 en el artículo 60 que trata sobre las penas no privativas de la libertad se busca incorporar, a continuación de la pérdida de los derechos de participación del numeral 13, una relacionada con la inhabilitación para contratar. Al agregar un segundo inciso en el artículo 68 habría contradicción con el primero, pues se estarían estableciendo excepciones y que en ciertos tipos penales la pérdida de derechos sería entre 10 y 25 años.

Según Alarcón, estas excepciones en muchos casos no tienen sentido. Dice, por ejemplo, que el peculado puede ser sancionado hasta con trece años, el enriquecimiento ilícito hasta diez años, sin considerar que si existe al menos una circunstancia agravante la pena podría aumentar en un tercio, explica.

Ve positivo que con el inciso final del artículo 77 se incorpore a la legislación penal la responsabilidad de los condenados para que no salgan a disfrutar de lo mal habido.

La incorporación de incisos en los artículos 280, 285 y 289 busca determinar sanciones para personas jurídicas responsables de concusión, tráfico de influencias y testaferrismo. Se ve como avance, pues en varios casos se usa a empresas. (I)

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?

ANEXO 1
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Sustitúyase el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente texto:

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados a las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.

Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución”.

LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA

Sustitúyase el número 2 del artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por el siguiente:

“2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción”.

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO

Sustitúyase el primer inciso del artículo 10 de Ley Orgánica del Servicio Público, por el siguiente texto:

“Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública”.

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

Agréguese el número 14 al artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal, que disponga:

“14. Inhabilitación para contratar con el Estado que se aplicará en sentencias condenatorias por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, pena no privativa de la libertad que será comunicada al organismo técnico regulatorio del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

Agréguese como segundo inciso en el artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal, el siguiente:

“En el caso de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, los jueces de forma obligatoria aplicarán esta sanción por un lapso de entre diez y veinticinco años”.

En el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal incorpórese el siguiente inciso final:

“Las personas condenadas con sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, responderán con sus bienes hasta el monto de la reparación integral del Estado y la sociedad”.

En el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal añádase el siguiente inciso final:

“En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general”.

En el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal incorpórese como tercer inciso, el siguiente:

“En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general”.

En el artículo 289 del Código Orgánico Integral Penal incorpórese como segundo inciso, el siguiente:

“En caso de establecerse responsabilidad de personas jurídicas serán sancionadas con su extinción y multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general”.

Tomado de El Universo

Foto: El Universo